Organizaciones defensoras de los migrantes han demandado a la administración Trump por su nueva proclamación que bloquea por completo el derecho de asilo en la frontera con México. @estaeslanoticiard
Organizaciones defensoras de los migrantes han demandado a la administración Trump por su nueva proclamación que bloquea por completo el derecho de asilo en la frontera con México. La medida, considerada ilegal por expertos, deja a miles de personas en riesgo de ser deportadas sin protección.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han presentado una demanda contra la administración de Donald Trump tras la proclamación presidencial que busca bloquear completamente el acceso al asilo en la frontera con México. La medida, basada en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, utiliza la narrativa de una supuesta “invasión” para justificar la negación de protecciones otorgadas por el Congreso, lo que pone en riesgo a miles de personas que huyen de la persecución y la violencia, El caso ha sido presentado en la Corte del Distrito de Columbia por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el Centro de Estudios de Género y Refugio (CGRS), entre otras organizaciones, en representación de grupos que brindan asistencia legal a solicitantes de asilo.
Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la proclamación como “una toma de poder sin precedentes que pondrá en peligro innumerables vidas”. En su opinión, la medida contradice directamente las protecciones establecidas por el Congreso y reafirmadas por los tribunales a lo largo de generaciones.. A diferencia de las restricciones impuestas por Trump en su primer mandato, que dejaban algunas vías abiertas para solicitar asilo, la nueva medida bloquea completamente el acceso a este derecho, incluso para quienes se presenten en los puertos de entrada. Richard Caldarone, abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, denunció que la proclamación pretende otorgar al presidente un “poder autocrático” para desmantelar las leyes de asilo y violar tratados internacionales firmados por Estados Unidos.
El Proyecto de Derechos Civiles de Texas también se sumó a la demanda, argumentando que la suspensión total del asilo es una medida extrema e injusta. “Nuestra demanda subraya la ilegalidad de esta política y enfatiza la necesidad de proteger los derechos de los solicitantes de asilo. Estados Unidos debe liderar con el ejemplo y tratar a los más vulnerables con dignidad”, afirmó Rochelle Garza, presidenta de la organización.
Jennifer Babaie, directora del Centro de Defensa de Las Américas, señaló que la proclamación de Trump está basada en información falsa y discursos alarmistas. “Difundir la idea de una ‘invasión’ solo busca generar miedo y desmantelar el proceso de asilo. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestras leyes migratorias son manipuladas para justificar políticas inhumanas”, aseguró.
Laura St. John, directora legal del Proyecto Florence para Refugiados e Inmigrantes, advirtió que la proclamación de Trump dificulta o incluso imposibilita el trabajo de las organizaciones que brindan apoyo a los solicitantes de asilo. “Estamos comprometidos a luchar contra esta extralimitación ilegal para garantizar que quienes necesitan protección puedan acceder a ella”, afirmó.
Melissa Crow, del Centro de Estudios de Género y Refugio (CGRS), acusó a la administración Trump de recurrir a teorías conspirativas racistas para justificar esta nueva política de expulsiones masivas. “Trump ha adoptado la retórica de que familias y niños que buscan seguridad constituyen una amenaza para el país. No permitiremos que use esta mentira como excusa para ignorar nuestras leyes de asilo”, sostuvo.
Desde RAICES, Javier Hidalgo advirtió que el impacto de esta medida no se limitará a los migrantes, sino que afectará a toda la sociedad estadounidense. “Trump y Stephen Miller están construyendo una visión distópica de Estados Unidos, donde nadie está a salvo de sus políticas crueles. Si no intervenimos, será el pueblo estadounidense quien sufra las consecuencias”, aseguró.
Scott Michelman, director legal de la ACLU del Distrito de Columbia, recordó que Estados Unidos ha sido históricamente un refugio para quienes huyen de la persecución, un principio reflejado en la Estatua de la Libertad. “El intento de Trump de cerrar la frontera es un ataque directo a nuestra historia y valores. Esta política causará un sufrimiento incalculable a personas que huyen para salvar sus vidas”, declaró.
La demanda busca frenar la implementación de la proclamación antes de que cause daños irreversibles. Sin embargo, el clima político actual y la postura agresiva de la administración Trump en temas migratorios han generado incertidumbre sobre el futuro del asilo en Estados Unidos.
La decisión del gobierno estadounidense también ha generado preocupación en países como El Salvador, donde miles de migrantes dependen de la protección humanitaria en EUA para evitar ser devueltos a contextos de violencia. Además, la política migratoria de Trump podría afectar los acuerdos de cooperación con la región, incluyendo el papel de El Salvador como receptor de solicitantes de asilo bajo el acuerdo de Tercer País Seguro.
Mientras tanto, defensores de derechos humanos insisten en que la batalla legal apenas comienza. Las organizaciones demandantes han reiterado que utilizarán todos los mecanismos disponibles para impedir que la administración Trump anule décadas de protecciones establecidas para quienes huyen de la persecución y el peligro… @estaeslanoticiard
Deja una respuesta