por redacción de lpg
Un acta de Corte Plena del 26 de septiembre deja constancia de la aprobación. Magistrados admiten que carga laboral por régimen complica al sistema. Un Juzgado LEIV y el de Instrucción de San Francisco Gotera también señalaron sobrecarga laboral.
Por unanimidad, los 15 magistrados que conforman la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobaron un “juez de apoyo” para el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego que la titular de dicha jurisdicción les solicitó ayuda por la carga laboral que ha significado la llegada de los nuevos casos por el regime..
La decisión consta en el acta de Corte Plena número 66 del 24 de septiembre de 2024, disponible en el sitio web de la CSJ, que también contiene parte de la discusión que sostuvieron los magistrados para decidir reforzar al tribunal.
La magistrada Sandra Luz Chicas, de la Sala de lo Penal, sostuvo que “es apremiante el escenario del régimen de excepción”, mientras que el magistrado Roberto Carlos Calderón, también de la Sala de lo Penal, dijo que estaba de acuerdo con brindar el apoyo porque “ha fungido como juez en esa área” y reconoce la carga que hay en ella hoy en día.
Aunque el acta no recopila todos los pormenores de la reunión de ese 26 de septiembre, sí deja constancia de dos decisiones finales que tomó Corte Plena: una fue conceder el apoyo de un juez extra al tribunal por un período de dos meses y la otra fue la necesidad de crear un instructivo para “peticiones futuras”. LA PRENSA GRÁFICA contactó este viernes 3 de enero al área de prensa y de comunicaciones de la Corte Suprema para obtener declaraciones de los magistrados que participaron en la votación, pero no hubo respuesta a la petición hasta el cierre de esta nota.
Los Tribunales contra el Crimen Organizado, que ven casos del régimen de excepción, están compuestos por cuatro jueces propietarios (uno de ellos es el presidente) con sus respectivos suplentes. Hay 14 de ellos a nivel nacional y siete están en San Savador, cuatro en Santa Ana y tres en San Miguel.
Más carga laboral
Este medio revisó el resto de actas de Corte Plena disponibles en el sitio web de la CSJ (hasta el 7 de noviembre de 2024) y en ellas se constató que ya no hubo refuerzos para más Tribunales contra el Crimen Organizado, pero sí para el Juzgado Primero Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador (LEIV) y para el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán.
En ambos casos, el motivo fue el mismo: la carga laboral. En el caso del Juzgado LEIV, los magistrados decidieron, con 14 votos, no asignarle más expedientes por un período de seis meses, que comenzó en noviembre de 2024. Eso con el objetivo de frenar la sobrecarga y que resuelva los que ya tiene.
En el caso del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, que lleva el caso de la masacre de El Mozote, se le asignó también un juez de apoyo por un mes, entre noviembre y diciembre de 2024.
Sin fechas de audiencias para casos del régimen
Abogados penalistas consultados por LA PRENSA GRÁFICA expresaron su temor por los atrasos que pueden existir en los procesos del régimen de excepción ante la admitida carga laboral en los Tribunales contra el Crimen Organizado.
Ingrid Escobar, abogada y directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene hasta el 25 de agosto de este año para agrupar a los acusados y después de eso la programación de audiencias preliminares podría tardar otros seis meses, es decir, hasta enero o febrero de 2026.
“El proceso de investigación está prácticamente en transición. El decreto 803 le dio la potestad a Fiscalía de organizar a los acusados por estructuras o territorios. Quizá, si acaso, allá por 2027 podrían darse las primeras vistas públicas de juicios masivos”, opinó Escobar.
“Prácticamente ignoramos cuándo iniciarán los procesos del régimen. Hasta los mismos jueces están diciendo que están sobresaturados y eso es algo que ya veníamos diciendo. Es casi imposible procesar a tantas personas. Nuestra preocupación es que hagan esto rápido y que atropellen otros principios del debido proceso”, agregó Otto Flores, abogado penalista que lleva procesos del régimen.
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